La vicedecana del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) y vocal de la Comisión de Igualdad del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Margarita Ribas Yglesias, compareció el lunes 19 de enero ante la Comisión de Igualdad y Feminismo del Parlamento de Cataluña para subrayar la importancia de reforzar las políticas activas de igualdad.
Durante su intervención, puso en valor que los procuradores y procuradoras, por su proximidad a la ciudadanía y su experiencia cotidiana en los juzgados, son a menudo los primeros operadores jurídicos en detectar situaciones de riesgo en casos de violencia de género o vulneración de derechos de mujeres y niñas. Esta posición permite identificar anomalías o disfunciones relacionadas con discriminaciones por razón de género, ya sea en el ámbito procesal, en las comunicaciones o en la aplicación práctica de las normas.
La vicedecana estuvo acompañada por Susana Puig Echeverría, vocal de deontología del ICPB. Tras la exposición inicial de Ribas Yglesias, se abrió el turno de preguntas que plantearon las diputadas de los distintos grupos parlamentarios, que fueron respondidas por las dos representantes de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Barcelona.
En su intervención, la vicedecana destacó que es prioritario impulsar y trabajar conjuntamente con el Departamento de Educación de la Generalitat una “formación jurídica básica” para niñas, niños y adolescentes, que les permita conocer y ejercer desde edades tempranas sus derechos en materia de igualdad y violencia de género. En este sentido, la representante de la Procura consideró que debe tenerse en cuenta la Ley 17/2020, que amplía el concepto de violencia machista a la violencia digital, institucional y en el ámbito de la vida política. “Conocer los derechos desde edades tempranas es una herramienta de prevención y de empoderamiento democrático”, añadió.
En relación con la judicatura, Ribas Yglesias señaló que la igualdad no depende únicamente del número de mujeres ejercientes, sino también del diseño institucional de las profesiones jurídicas, ya que la igualdad formal en el acceso no garantiza por sí sola una igualdad real de oportunidades y reconocimiento. Así, argumentó que las mujeres son mayoría en los primeros niveles de la carrera judicial, pero su presencia disminuye a medida que se asciende. En concreto, en el conjunto del Estado español, el 57,2 % de la carrera judicial está integrada por mujeres y su presencia en órganos judiciales colegiados alcanza el 42,3%, pero solo el 22% de los miembros del Tribunal Supremo son mujeres.
La vicedecana del ICPB subrayó que la importancia de integrar la perspectiva de género en la práctica judicial “no es teórica”. En este sentido, recordó una sentencia reciente dictada por una jueza de Barcelona, que anuló una prueba pericial biomecánica al identificar un sesgo de género, ya que no se había tenido en cuenta la diferencia cinemática que presentan las mujeres. Esta resolución pone de manifiesto, según apuntó la representante de la Procura, que la igualdad “no es una cuestión ideológica, sino una exigencia jurídica para garantizar una tutela judicial efectiva”.
Ribas Yglesias puso también de relieve que desde el CGPE, el máximo órgano de la Procura en España, se está trabajando en la elaboración y aplicación de protocolos de igualdad en los colegios de procuradores, en la promoción de buenas prácticas con perspectiva de género y en medidas de conciliación familiar que permitan un acceso real a puestos de responsabilidad. Asimismo, el CGPE participa activamente en trámites parlamentarios para garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres, mostrando un compromiso dinámico y en evolución para reforzar la igualdad en el sistema judicial.
La vicedecana del ICPB destacó igualmente la “feminización estructural” de la Procura, con una presencia mayoritaria de mujeres en Cataluña, donde representan el 65,1% del colectivo, con porcentajes aún más elevados en Lleida (79%), Girona (75,9%), Barcelona (61,7%) y Tarragona (59,6%). A nivel estatal, las mujeres procuradoras representan el 66,9% del total del colectivo y el 57% de los colegios están liderados por una decana. Esta feminización estructural tiene también, según consideró Ribas Yglesias, un valor cualitativo, ya que permite la detección precoz de situaciones de riesgo y vulnerabilidad dentro del sistema judicial.
Para concluir, la representante de la Procura afirmó que “hablar de igualdad en el ámbito de la justicia no es referirse únicamente a normas o cifras. Es hablar de cómo se toman las decisiones, de cómo se ejerce el poder público y de cómo las instituciones responden ante situaciones de desigualdad, discriminación o vulnerabilidad”. En este sentido, Ribas Yglesias concluyó que una justicia más igualitaria “no es solo una justicia más justa. Es también una justicia más eficaz, más cercana, más legítima y, sobre todo, más segura”.