- El ICPB cuestiona la pronta entrada en vigor de la Ley de Eficiencia y reclama una implantación progresiva por jurisdicciones en Barcelona y el resto de España
- La procura barcelonesa defiende el diálogo institucional y advierte del impacto directo sobre la tutela judicial efectiva de la ciudadanía
El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) expresa su preocupación ante la inminente entrada en vigor de la tercera fase de los Tribunales de Instancia, prevista para el próximo 31 de diciembre en aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La institución alerta del riesgo de colapso y de dilaciones en la tramitación de los procedimientos judiciales si la reforma se implanta de manera inmediata y sin una adecuada preparación previa.
El análisis del ICPB se fundamenta en la experiencia directa en los partidos judiciales de Barcelona, que cuenta con uno de los mayores volúmenes de asuntos y complejidad organizativa de España. Desde esta perspectiva, la procura barcelonesa señala que las dificultades detectadas en este ámbito podrían reproducirse en otros partidos judiciales del resto del Estado si la entrada en vigor de la reforma se produce sin una planificación adecuada y sin el refuerzo previo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios.
El decano del ICPB, que es también presidente del Consell de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña y vicesecretario del Consejo General de los Procuradores de España (CGPE), Javier Segura Zariquiey, señala que “el alcance de los cambios que introduce la Ley de Eficiencia es tan amplio que su entrada en vigor inmediata puede generar más problemas de los que pretende resolver”. Añade que “la formación de los profesionales de la Administración de Justicia, imprescindible para agilizar los procedimientos, requiere tiempo, planificación y estabilidad, especialmente en un contexto marcado por rotaciones, bajas, vacaciones o modalidades de teletrabajo”.
Desde la perspectiva de la procura barcelonesa, la formación de los profesionales, junto con una correcta implantación del servicio común de tramitación —basada en una dirección eficaz y en una coordinación real con la Presidencia del Tribunal de Instancia y con el resto de servicios comunes—, constituye un elemento esencial para garantizar el adecuado funcionamiento de la oficina judicial. El ICPB advierte de que, en ausencia de una coordinación precisa y de equipos estables, el nuevo modelo organizativo podría verse comprometido en grandes partidos judiciales como el de Barcelona.
Por todo ello, el ICPB defiende una implantación progresiva de la Ley de Eficiencia por jurisdicciones y fases, una propuesta que ha trasladado reiteradamente al Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La procura considera que esta aplicación gradual permitiría detectar disfunciones, ajustar los procesos internos, reforzar la formación de los profesionales y minimizar el impacto sobre la ciudadanía en todo el territorio, evitando que la reforma derive en retrasos que afecten al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
El ICPB mantiene asimismo reuniones periódicas con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y con otros operadores jurídicos, y reafirma su voluntad de colaboración institucional con las administraciones competentes y con el conjunto de la procura para contribuir a que la reforma se implante con orden, seguridad jurídica y eficacia, en beneficio del sistema judicial y de la ciudadanía.